viernes, 21 de diciembre de 2012


Apoyamos la denuncia presentada por la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Canarias sobre la situación en la que se encuentra la asistencia a estos pacientes en el archipiélago.

En el documento presentado "La salud mental sin rumbo: Necesitamos un cambio", la ACN, SALUD MENTAL y FEAFES Canarias han comunicado a la opinión pública y a todos los profesionales de la salud mental su posición frente a la presente situación por la que transcurren las reformas gubernamentales, la asistencia sanitaria, la salud mental, y el estado del bienestar. 
Como ellos señalan, son parte del Foro y promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por el Foro Social Canario, en el Parlamento de Canarias, en defensa de la salud y la sanidad publica.
Caracterizan la actuación del Gobierno de Canarias por la falta de inversión y de un modelo claro de asistencia en salud mental, así como por la disparidad de servicios que se prestan en las diferentes islas del archipiélago que son algunos de los factores que han llevado a colocar a la población isleña en una situación de alta vulnerabilidad.
Los problemas de salud mental ocupan el quinto lugar entre las enfermedades de mayor prevalencia en la comunidad autónoma y su incidencia se incrementa en las actuales circunstancias de crisis, que conllevan aumentos de trastornos depresivos y similares y un repunte de las situaciones de drogodependencias.
Adjuntamos dicho documento, en el que se critica que los responsables del Gobierno autonómico no hayan atendido los ofrecimientos que profesionales y pacientes les han hecho para diseñar conjuntamente un modelo de atención adecuado a las necesidades reales.
A su vez señalan que las reformas iniciadas por el Gobierno de Rajoy, del sistema sanitario y del sistema social, sólo obedecen a las directrices del Banco Mundial tendente a la privatización de los servicios y prestaciones, a la conversión de un sistema de salud basado en los derechos ciudadanos en un sistema de aseguramiento, responsabilizando a las personas de sus estados de salud.