martes, 8 de enero de 2013

ATENCIÓN A "SIN PAPELES" EN CANARIAS: HECHA LA TARJETA, HECHA LA TRAMPA

Por Eugenio Fernández - Canarias Semanal

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     Con bombo y platillo, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, anunciaba este miércoles 2 de enero que el Ejecutivo regional ofrecerá asistencia sanitaria a los extranjeros sin papeles que residen en las Islas.  Ciudadanos excluidos de este derecho básico por dos decretos promulgados por el Gabinete de Mariano Rajoy.  Según manifestó Mendoza, de esta forma el Gobierno autónomo "dará cumplimiento legal a su compromiso de mantener la universalidad del derecho a recibir atención médica".


   El entusiasmo mostrado por la consejera, sin embargo, no lo comparten ni las asociaciones de inmigrantes ni la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias Estos colectivos critican los requisitos establecidos para que los inmigrantes puedan acceder a la prestación sanitaria.  Condiciones tan exigentes que podrían ser imposibles de cumplir para la mayoría de los 52.000 extranjeros que -según el Servicio Canario de la Salud - carecen actualmente de cobertura médica en las Islas.




¿UN OCÉANO DE BUROCRACIA PARA HACER NAUFRAGAR A LOS SOLICITANTES?


   En principio, quienes deseen acceder a la nueva tarjeta sanitaria deberán acreditar que no perciben ingresos que sobrepasen al mes los 532 euros.  Pero también que están empadronados desde hace como mínimo un año en la comunidad autónoma.


   Según la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, "esta exigencia de empadronamiento de un año, en la práctica supone que muchas personas extranjeras tendrán que esperar bastante más que un año para acceder a la sanidad pública, teniendo en cuenta las dificultades que tienen para poder acceder al padrón y al no contemplar otras opciones posibles para demostrar la residencia habitual".


   Estas no son, sin embargo, las únicas condiciones que deberán cumplir los inmigrantes para recibir atención sanitaria.  Además de demostrar su nivel de ingresos y el empadronamiento durante al menos un año, quienes requieran la tarjeta tendrán que superar un auténtico océano de burocracia, aparentemente ideado para hacer naufragar a al mayor número posible de solicitantes.


   Deberán demostrar que no tienen derecho reconocido a la prestación sanitaria en su país de origen.  Igualmente, tendrán que solicitar un certificado de bienes y rentas de su país de origen y otro que acredite que carece de recursos económicos en su lugar de procedencia, para presentarlos ante la administración canaria.


  Deberán presentar, asimismo, un certificado de bienes, emitido por la Dirección General del Catastro de España, y otro de renta de las personas físicas, emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.


  No es extraño, pues, que poco después del anuncio de la nueva medida realizado por la Consejera de Sanidad, Teodoro Bongdiale, médico ecuatoguineano residente en Gran Canaria y portavoz de la federación de asociaciones africanas asegurara tener "muy malas impresiones" sobre la misma.


  "¿Cómo alguien que no existe para la Administración va a obtener un certificado de ingresos de la administración?"  -se preguntó retóricamente Bongdiale-.


  Brígida Mendoza, no obstante, justificó las limitaciones impuestas por el Ejecutivo de CC y PSOE.  "Tenemos que poner límites para que el programa tenga equidad y lógica respecto del resto de los ciudadanos canarios y extranjeros que viven en nuestra comunidad"- manifestó.


   La consejera aseguró, en este sentido, que los requisitos burocráticos exigidos "no deben ofrecer problemas para acogerse a la tarjeta sanitaria, ya que muchos de los inmigrantes suelen tener esta documentación".