LAS “PAULINAS” EN
LA SANIDAD PÚBLICA
Desde el pasado mes
de Enero el Gobierno de Canarias (CC-PSOE) impuso una ampliación de jornada a
los empleados públicos sanitarios; se amplió el horario laboral hasta 37,5
horas semanales y, por tanto, se realizan horas de trabajo añadidas que los
trabajadores han denominado, para identificarlas, como “horas paulinas”, en
honor al Presidente Rivero, aunque también podía haberlas nombrado como
“miguelinas”, por José Miguel Pérez, o “espínolas”, por Francisco González Espínola,
también responsables de todo lo que se nos impone desde nuestro gobierno.
El pueblo, que es
muy sabio, define a las cosas en sus justos términos, quitándole hierro e
interpretando las situaciones con un
tono de socarronería y cierto humor negro para impedir
que les afecte sobremanera, a pesar de que estos hechos son muy serios e
importantes y condicionen y produzcan resultados nefastos y adversos.
Esta obligatoriedad
en el aumento de jornada laboral ha
traído consecuencias de todo tipo por la manera de implantación en los
distintos centros sanitarios de la comunidad canaria. Porque en cada uno de los
centros, hospitales o ambulatorios se ha
puesto en marcha de forma diferente, con criterios arbitrarios y abusivos por
parte de los gerentes y directores que han finalizado con distintas denuncias
ante organismos y la justicia.
En el Hospital
Universitario de Canarias, por ejemplo, el próximo día 9 de Julio tendrá lugar
un juicio ante el Juzgado de lo Social, por denuncia interpuesta por
Intersindical Canaria, ante esta irracional puesta en marcha de las horas
paulinas.
Y es que tras la
aplicación de medidas fiscales y administrativas tomadas por el Gobierno de
Canarias se encuentran tantas dudas
legales, que la propia Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno ha
puesto de manifiesto, igual el Consejo
Consultivo de Canarias, advirtiendo que su aplicación dará lugar a
reclamaciones, denuncias y toda clase de impugnaciones ante los agravios y
atropellos que nuestros políticos gobernantes cometen contra los empleados
públicos. Argumentan que se tratan de informes jurídicos no vinculantes y por
ello no les hacen caso y lo llevan al Parlamento donde, aplican el rodillo de
su mayoría de votos y sacan adelante temas que van a serles cuestionados más
adelante. Si no les hacen caso a sus propios servicios jurídicos ¿para que los
tienen?
Y es que están
empeñados, siempre, en atacar a este estamento laboral para poder enjugar sus
déficits, sus precariedades presupuestarias, sus erróneas aplicaciones sin
mirar hacia otro lado para lograr algún cambio en lo que pretenden.
Estos ajustes
económicos no tienen otro objetivo que seguir favoreciendo a los “mercados” y
grupos financieros y creen poder conseguirlo eliminando y recortando derechos
laborales antes nunca conocidos. Y de paso sacrifican servicios básicos
ciudadanos, como el de la salud; eso sí, manteniendo privilegios personales y
servicios no necesarios como la policía y televisión autonómicas, con sus
sueldos y prerrogativas políticas, que, para poder mantenerlas, piden
sacrificios y arrimar el hombro de los trabajadores públicos con la realización
de horas paulinas.
Mientras el
Gobierno Canario quiere comprar edificios para seguir aumentando la
infraestructura administrativa, ya de por sí hipertrofiada, con un gasto de más
de 44 millones de euros. Y sigue destinando 3,2 millones de euros al pago de
asesores externos, enchufados a dedo, para “asistencia técnica y pública al
Presidente o al Vicepresidente” y financian a empresas públicas que todos saben
deficitarias. Y la Consejera de Sanidad, con la boca chica, se declara
“insumisa” contra el copago y las políticas de recortes del PP (también para
echarles de comer aparte). Y aquí cierran quirófanos, suspenden consultas,
alargan las listas de espera, dejan sin empleo a centenares de empleados
sanitarios, jubilan a los trabajadores, etc. etc.
Nada acerca de
realizar una prestación sanitaria de calidad y, menos, de ofrecer a sus
trabajadores una conciliación de vida familiar y laboral. No hay respuestas
homogéneas e igualitarias en los centros sanitarios con gran arbitrariedad en
la aplicación de las medidas que vulneran aspectos constitucionales y atentan
contra la seguridad jurídica. Parece pretender solo un escarnio público contra
los trabajadores de la sanidad a los que
se les rebaja sueldos, pagas extras, derechos, se les anula convenios, para así
distraer a la sociedad canaria, a esa que tiene los salarios más bajos del
estado, de sus desmanes y abusos políticos. Y mientras, con lo que está cayendo,
el Consejero de Presidencia nos habla de “buena gobernanza y ética pública”.
¡Ay PSC¡, quién te ha visto y quién te ve. ¡Váyanse por ahí todos…¡
Pues nada; nos
veremos en los juzgados con las paulinas y con los recortes…..
