La
ingente deuda sanitaria española, de las mayores del mundo, ha colocado
a la industria farmacéutica y a las empresas de tecnología sanitaria en
una posición estratégica para presionar sobre la política sanitaria de
la administración y comienza a tomar medidas coercitivas, como ocurre
con la farmacéutica Roche que endurece las condiciones del suministro de
medicamentos a hospitales morosos, buena parte de ellos antitumorales,
donde más duele, como ya había hecho previamente en Grecia.
Así agradece Roche, laboratorio que comercializa el
Tamiflu, su negocio fabuloso en España, en Grecia y a nivel mundial,
tras la alarma infundada de pandemia de gripe AH1N1. De los 13 millones
de vacunas compradas en España por 98 millones de euros, 4 millones se
han donado a la organización panamericana de la salud y 6 millones se
desecharon.
Por otra parte Farmaindustria y la
industria de tecnologías sanitarias, Fenin se han rodeado de las Cámaras
de Comercio de Francia, Alemania y Suiza, en la que están representadas
las grandes multinacionales extranjeras como Pfizer, Novartis, Roche,
Lilly, Bayer, Abbott o Siemens, para incrementar la presión y urgir a
Mariano Rajoy a poner en marcha “medidas concretas” para solucionar el
problema de la deuda sanitaria.
El gobierno del
PP, por una parte decide liberar fondos públicos para que las CCAA
paguen a sus proveedores, y aprovecha para advertir a las comunidades
que deberán demostrar que han aplicado los recortes en educación y
sanidad a la población. Por otra parte, implanta medidas para que la
deuda recaiga sobre los ciudadanos, no sobre la industria, para ello
incrementa el repago de los trabajadores activos e introduce el repago a
los pensionistas (ahorro esperado 550 millones de euros) y desfinancia
425 medicamentos (ahorro aproximado de 400 millones de euros).
El
presidente de Farmaindustria, que esta vez sí apoya las decisiones del
gobierno, y que al parecer conoce antes que presidentes de CCAA, afirma
que gran parte de ese dinero más que a financiar la deuda irá destinado a
incrementar la factura farmacéutica, para “agilizar la entrada de
nuevos medicamentos”.
Como consecuencia de estas
medidas la proporción del gasto farmacéutico sufragado por los pacientes
se doblará, pasando del 6 % actual a un 12%, en unos momentos
económicamente muy duros para la gran mayoría de la población.
Los
pacientes presionarán para que se les receten fármacos financiados que
traten el mismo proceso, aunque su precio sea muy superior, como afirman
sociedades científicas “nos tememos que la prescripción se irá
desplazando hacia fármacos más caros” disparando aún más nuestro
desorbitado gasto farmacéutico, muy superior al de los países de nuestro
entorno.
Es imprescindible revertir esta
situación, aplicando otras medidas, por parte de los profesionales,
encaminadas a disminuir el consumo innecesario y los consiguientes
efectos adversos de los fármacos (que la automedicación, al dejarse al
criterio de los pacientes según su situación económica, consecuencia de
la desfinanciación de 425 fármacos, solo contribuirá a empeorar).
Pero
con estas medidas el consumo inadecuado persistirá e incluso se
incrementará, los efectos adversos de los fármacos, uno de los tres
principales problemas de salud (junto a la enfermedad cardiovascular y
el cáncer) se incrementarán y la descomunal factura farmacéutica se
mantendrá, convirtiéndose en la mayor amenaza evitable a la
sostenibilidad de nuestra Sanidad Pública.
Todo lo
señalado constituye el inicio de una contrarreforma sanitaria, que es
inhumana, injusta, ilegitima y sanitariamente negativa para la
ciudadanía. Por su parte, el Gobierno de Canarias ha tomado una actitud
sumisa y de rechazo "de boquilla" a estas medidas, contra las que hay
que rebelarse en el ámbito profesional, ciudadano y también
institucional.
Ante todo esto el movimiento social de Defensa de la
Salud y la Sanidad Pública además de resistir precisa de una perspectiva
de transformación social que no podemos concebir como separada de la
transformación política. Nuestro Foro desde su constitución reivindica
una posición anticapitalista, posición que va unificando con rapidez a
muchos movimientos sociales que además van acortando las distancias
respecto a la acción política transformadora. Por eso, para nosotros es
decisiva la participación de los mismos, junto con personas
individuales, sindicatos y organizaciones políticas anticapitalistas en
un proceso de desarrollo del más amplio frente social y político en
Canarias que además debe confluir con el mismo proceso a desarrollar en
el conjunto del Estado plurinacional español.
Estamos
convencidos de que en esa labor nos tenemos que encontrar, trabajando
codo con codo tanto en la resistencia como en la necesaria e ineludible
construcción de una alternativa política y social transformadora, de
modo urgente, conforme a la gravedad de la situación que estamos
atravesando y que será la única posibilidad de generar el entusiasmo que
libere la enorme energía que se precisa para parar y vencer al
ultraliberalismo y sus políticas. |