Las diversas medidas de presión detienen un grave atentado a la salud de una anciana inmigrante
Con ellas se consiguió que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias reconociera "un error" y dispusiera la correspondiente asistencia sanitaria para este caso. Sin embargo, nosotros afirmamos que lo erróneo es más general y afecta a la gestión global de la atención a los inmigrantes sin regularizar en Canarias.
A
pesar de la afirmación de que el Servicio Canario de la Salud (SCS)
había dado instrucciones precisas a todos los centros sanitarios para
que no se deje de atender a este colectivo. Y a pesar de la letra del Real Decreto Ley de recortes sanitarios 16/2012 (que excluye a los inmigrantes sin
regularizar), que dice que "En
todo caso", los extranjeros recibirán asistencia
sanitaria gratuita "De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera
que sea su causa, hasta la situación de alta médica", son
muchos los casos cuya denuncia estamos recibiendo en la web Denuncia Tu
Caso. org, en los que esto no se está cumpliendo, ya que se les
está rechazando o facturando en centros de salud así como en servicios
de urgencias incluso ante auténticos accidentes y enfermedades graves.
Por todo ello volvemos a exigir una
resolución administrativa que garantice la
continuidad de la atención sanitaria a las personas inmigrantes en los
dispositivos sanitarios del SCS en toda la
comunidad, tanto de atención primaria como especializada. De modo que la
asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular se siga prestando
como antes y que cualquier incidencia relacionada con este asunto, deba
ser comunicada a los órganos competentes, como pueda ser la actuación de determinados
profesionales, en cuantos centros ocurra, que mediante una interpretación personal, denieguen asistencia a
personas inmigrantes en nuestra comunidad autónoma.
Con ello se respetaría la esencia de los servicios
sanitarios en cuanto instrumentos de mantenimiento de la salud, la lógica de la
salud pública en lo referente al control de enfermedades transmisibles y la
lógica legal que desde la Constitución hacia abajo establece el derecho a la
salud para toda la población.
También, el Gobierno de Canarias, que dice que "rechaza las políticas regresivas
que en materia de Sanidad está desarrollando el Gobierno del PP" y al que
pide que "respete el papel y ámbito de decisión de las autonomías",
consecuentemente debería
desarrollar una normativa sólida que sustente el derecho de la población
inmigrante
sin residencia en Canarias. Entendemos que existen bases legales para
establecer
este derecho tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Ley Canaria de
Salud que propugnamos, y en otras normas y que los servicios jurídicos
de la
Consejería de Sanidad podrían fundamentar sólidamente dando
seguridad jurídica a esta prestación.
Eso
o sencillamente la dimisión de todo el equipo directivo de la
Consejería por ineptos y responsables de graves atentados a la salud,
que ante la confirmación de daños graves y muertes derivarán en la
interposición de acciones penales para sentarlos en el banquillo de los
acusados.
