Rechazamos la existencia
de fraude en el cobro de las prestaciones por dependencia en Canarias,
fundamentales para favorecer
la calidad de vida y de salud a las personas dependientes.
El Gobierno canario
aseguró el pasado jueves que seguiría la pista a los familiares de los 197
dependientes que según su versión, tras su fallecimiento, continuaron
percibiendo las prestaciones a que tenían derecho hablando de un fraude que
habría supuesto a las arcas autonómicas un quebranto de 817.479 euros entre
2007 y 2011.
Demasiado
rápido se despachó el portavoz del gobierno canario, Martín Marrero, afirmando
que se estudiaría cada caso de manera individual para determinar las sanciones
que se puedan aplicar, cuando es de sobra conocido que su gobierno ha retrasado
hasta el infinito el pago de las prestaciones por lo que mucha gente,
demasiada, se ha muerto sin recibirlas. Es más, la mayoría de los beneficiarios
de Canarias no ha recibido las prestaciones, con el consiguiente impacto negativo en su salud, tanto de las personas dependientes como de
las cuidadoras.
Por tanto, no se puede
culpabilizar a personas que no han recibido un dinero que está en las arcas
públicas y no se pagó a los fallecidos, como señala el Tribunal de Cuentas en
un informe, "ha habido falta de comunicación de esas muertes por parte de
las autonomías a la aplicación informática del sistema de dependencia, por lo
que han recibido una financiación indebida. Sin embargo, continúa el informe, eso
no significa que las familias de los beneficiarios fallecidos recibieran el
dinero ya que la administración autonómica
sí que dejó de abonarles la prestación al ser informados del deceso".
Además, hay que tener
muy en cuenta, por otro lado, que la ley permite el cobro retroactivo por las
familias si el dependiente ha fallecido habiéndosele reconocido el derecho a
una prestación que nunca le llegó o que iba con retraso desde la fecha de
concesión.
El documento citado deja
clara la total descoordinación y errática gestión de las ayudas a la
dependencia por parte de los organismos públicos y en cualquier caso, son
intolerables las imputaciones de fraude que el portavoz de un gobierno fraudulento,
mentiroso, e incapaz como el canario, se permite hacer respecto a los sectores
más desfavorecidos y maltratados por el mismo sin que tengan consecuencias,
como mínimo, políticas. En fin, una razón más para volver a pedir la dimisión
del mencionado portavoz y de la máxima responsable de este desaguisado que no
es otra que la consejera Inés Rojas.