miércoles, 24 de julio de 2013


La lucha contra los recortes sanitarios del Partido Popular y sus "colaboradores" es de vida o muerte
EL Real Decreto Ley 16/2012 del Gobierno del Partido Popular ha supuesto la aplicación de una verdadera contrarreforma sanitaria que se establece en base a 5 aspectos: 1) retroceso del modelo sanitario universal hacia el modelo basado en el aseguramiento, 2) exclusión de los inmigrantes irregulares y colectivos vulnerables, 3) cambio de la cartera de servicios, 4) copagos y 5) cambios en la política del medicamento.
Recientemente hemos detallado varias cuestiones sobre el apartado de los copagos, en otros aspectos de los recortes sanitarios, en los que se muestra de modo patente la "colaboración" por acción del Gobierno de Canarias que ya de la mano de Rivero y Soria se había adelantado a los recortes de Rajoy, cabe citar la retirada por el Servicio Canario de Salud, durante el último semestre de 2012, nada menos que de 48.652 tarjetas sanitarias a sus titulares, además de la bochornosa regulación para el acceso a los servicios sanitarios de Canarias por  parte de los inmigrantes irregulares que solo han podido cumplimentar 42 de ell@s. Además cabe señalar, en cuanto a sus prestaciones, que no se contempla su derecho a la prestación farmacéutica, debiendo abonar el 100% del precio, y tampoco otros, contenidos tanto en la cartera común como en la suplementaria de prestaciones sanitarias.
Otro recorte ha sido la lista de 417 medicamentos que quedaron excluidos de la prestación farmacéutica en el sistema sanitario público. En cuanto a la cartera de servicios, lo último es  la discriminación basada en el tipo de relación de pareja para el acceso a la reproducción asistida en los centros públicos, vulnerando el derecho a la no discriminación garantizado por la Ley General de Sanidad y la propia Constitución.
Con todo ello se han comenzado a notar los efectos en los indicadores de salud de la población. En 2012 la mortalidad aumentó en el Estado español un 4,6% lo que es el primer indicio de la repercusión de la crisis y los recortes en sanidad sobre la salud de las personas. Según los datos del INE en 2012 fallecieron en España 405.615 personas, un 4,6% más que en 2011. Y eso con una población que disminuye por el retorno de los inmigrantes y el aumento de la emigración de los españoles. La esperanza de vida se ha reducido en dos décimas en el total de la población (de 82,3 a 82,1), siendo esta reducción sobre todo a costa de la disminución en las mujeres.
Los análisis de las series de datos de los últimos años arrojaban un incremento de la  mortalidad para 2012 de un 2%  más de la esperada sin los recortes. El incremento del 4,6% es alarmante y la única explicación bien respaldada por el conocimiento científico se sitúa en el déficit de protección social derivado de los recortes en gasto social.
Parece claro que estamos ante los primeros resultados de una política de recortes que afectan a toda la población (pobreza, desempleo, malnutrición, etc) y cuyos efectos no pueden ser paliados por un sistema sanitario que ha sufrido un proceso de empobrecimiento (bajada de presupuestos y menos recursos), de privatización, y del establecimiento de copagos que impiden el acceso de la ciudadanía a unos recursos sanitarios que necesitan.

Una gran parte de los efectos del déficit de protección social se manifiesta a medio y largo plazo por lo que podemos vislumbrar que los recortes de hoy mantendrán su mortífero efecto durante años. El conocimiento científico respalda estas evidencias y como en otras esferas, también en la actividad política, se debe responder por las consecuencias de los actos.

Es evidente que "los recortes matan", matan los gobiernos central y canario con sus políticas que atentan contra la salud de la población y tendrá que ser ésta la que, en legítima defensa, les plante cara y los haga caer. 

Canarias a  22 de julio de 2013