Además de los inmigrantes sin papeles, los españoles sin afiliación quedan en exclusión sanitaria.
El Real Decreto Ley 16/2012 del Gobierno de Rajoy contempla la exclusión de la sanidad pública, además de los inmigrantes no regularizados, también de los españoles no afiliados o no cotizantes a la Seguridad Social. Es decir, los mayores de 26 años que dejan de reconocerse como beneficiarios de un asegurado y que no hayan cotizado, cosa que afecta a una elevada proporción de nuestra juventud que registra una tasa de paro del 54 por ciento y los parados que terminan sus prestaciones y también la cotización. Se elimina la sanidad pública y universal para personas inmigrantes y para españoles en determinadas circunstancias de exclusión social.
En el CAPÍTULO I, Artículo 3. De la condición de asegurado, se dice en el apartado 5: Aquellas personas que no tengan la condición de asegurado o de beneficiario del mismo podrán obtener la prestación de asistencia sanitaria mediante el pago de la correspondiente contraprestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial. Con ello se abre la puerta a un aseguramiento distinto al régimen general de la Seguridad Social, lo que supondrá no solo un grave retroceso en el modelo sanitario actual (vuelve a la etapa anterior a la Ley General de Sanidad de 1986) sino también la posibilidad de que se abran modelos de seguros diferenciados para grupos distintos de población (en relación a su nivel económico) lo que deteriorará inevitablemente el sistema sanitario público, ya que sacar a los sectores pudientes, con desgravación fiscal de los seguros privados, implicará descapitalización pública quedando una asistencia sanitaria para pobres que será una pobre asistencia sanitaria.
Para los españoles que quedan sin afiliación, se
ofrece ser incluidos como beneficiarios de un familiar asegurado o ser
declarados personas sin recursos (con dificultades burocráticas y periodo sin
cobertura). También podrán acogerse a los "convenios especiales" pagando cantidades
inasumibles en situación precaria o ponerse en manos, de por vida, de las aseguradoras
privadas que ya les harán ofertas "más asequibles". Si nada de
eso es posible quedarán en exclusión social y sanitaria. Por todo ello:
¡Exigimos
al Gobierno de Rajoy la derogación del RDL 16/2012!
¡Exigimos al Gobierno de Canarias
que garantice la atención sanitaria, en las mismas condiciones a todas las
personas, en los dispositivos sanitarios del SCS de todas las islas, tanto en atención primaria como en especializada!
¡Rechazamos
los repagos actuales, exigimos su eliminación y garantía de que no se implante ningún
nuevo tipo de
“copago, tasa o
ticket moderador“ para el acceso de la población a los servicios sanitarios
públicos!
Continuando
con las concentraciones de usuarios y sanitarios en Centros de Salud, estaremos el próximo viernes día 7 de
septiembre, a partir de las 11 horas, en el Centro Laguna-Mercedes situado en Av. de
Trinidad.
¡NI REPAGO NI PRIVATIZACIÓN!
