La denegación de la atención sanitaria a personas inmigrantes que entra en
vigor mañana día 1 de septiembre se aplicará en Canarias
El Gobierno de Canarias a través
de su portavoz afirma que, respetando el
Real Decreto Ley de recortes sanitarios 16/2012 (que excluye a los inmigrantes sin
regularizar), van a garantizar que "nadie que lo necesite se quede sin
atención médica, aunque esta persona no tenga recursos para pagársela". Es
decir, no se comprometen ni más ni menos
que lo que dice literalmente el mencionado RDL: "En
todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia
sanitaria en las mismas condiciones que los españoles y a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera
que sea su causa, hasta la situación de alta médica y b) De asistencia al
embarazo, parto y postparto".
El referido portavoz
declara, además, que "están a la espera de la base de datos del Ministerio respecto a qué
ciudadanos extranjeros, que hasta ahora han tenido derecho a atención sanitaria
pública, dejarán de tenerla". Demagogias aparte, es evidente que del dicho
al hecho, para el Gobierno de Canarias, el trecho es lo que tarde en llegar
dicha base de datos con sus "instrucciones concretas".
Es decir, cuestión de informática
que será la barrera insalvable y, por tanto, nada que tenga que ver con una
resolución administrativa que garantice la
continuidad de la atención sanitaria a las personas inmigrantes en los
dispositivos sanitarios del SCS en toda la
comunidad, tanto de atención primaria como especializada. De modo que la
asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular se siga prestando
como hasta ahora y que cualquier incidencia relacionada con este asunto, deba
ser comunicada a los órganos competentes, como pueda ser la actuación de algún
profesional que mediante una interpretación personal, deniegue asistencia a
personas inmigrantes en nuestra comunidad autónoma.
Con ello se respetaría la esencia de los servicios
sanitarios en cuanto instrumentos de mantenimiento de la salud, la lógica de la
salud pública en lo referente al control de enfermedades transmisibles y la
lógica legal que desde la Constitución hacia abajo establece el derecho a la
salud para toda la población.
También, el Gobierno de Canarias, que dice que "rechaza las políticas regresivas
que en materia de Sanidad está desarrollando el Gobierno del PP" y al que
pide que "respete el papel y ámbito de decisión de las autonomías",
consecuentemente debería
desarrollar una normativa sólida que sustente el derecho de la población inmigrante
sin residencia en Canarias. Entendemos que existen bases legales para establecer
este derecho tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Ley Canaria de Salud
Pública que propugnamos, y en otras normas y que los servicios jurídicos de la
Consejería de Sanidad podrían fundamentar sólidamente en una norma que dé
seguridad jurídica a esta prestación. Pero para todo eso hay que ser valiente y
el Gobierno de Canarias no lo es.
31 de
agosto de 2012
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de
Canarias
