PRACTICAS
MAFIOSAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
Cuando a un médico de la sanidad pública, que
trabaja en un hospital de la red sanitaria canaria, por solicitar quirófanos
para desarrollar su labor asistencial en el tratamiento de sus pacientes, se le
contesta por parte de un cargo directivo hospitalario de que no se le concede
porque su sección sindical, a la que pertenece, se expresa libremente en los
medios de comunicación o acude a los juzgados denunciando irregularidades en el
funcionamiento diario de las prestaciones sanitarias, se comete una práctica
mafiosa en la gestión y dirección que se realiza.
El no facilitar la labor asistencial a un
facultativo médico suspendiéndole o retirándole un quirófano asignado en donde
debe realizar su trabajo especializado para dar satisfacción en el tratamiento
de sus pacientes, es una práctica mafiosa que puede estar ocasionando un
posible delito de omisión del deber de socorro que contempla el código penal. Y
si eso ocurre en represalia porque una sección sindical, en legítima actuación
como representante de los trabajadores, realiza una denuncia ante situaciones
anormales, entonces, estamos asistiendo a una grave persecución, acoso y
práctica corrupta en la tarea de dirigentes de una administración pública. Y,
además, añadiendo una lesión en los derechos de pacientes que aguardan en una
lista de espera y a los que no se les puede atender con la celeridad adecuada
porque no se dispone de las herramientas básicas para desarrollarlas. Y este
tipo de pacientes, con patologías de columna vertebral, son pacientes con
dolores crónicos y discapacidades que no le permiten una vida normalizada y
esperan ansiosos el día de su intervención quirúrgica. Y son pacientes que
solicitan libremente sean tratados por un médico determinado, haciendo uso de
la libertad de elección facultativa que le permite y ampara la
Ley General de Sanidad solicitando que sea
una especialista elegida quien sea su médico directamente responsable.
La
Ley General de Sanidad establece que los pacientes
tienen el derecho de tener un médico asignado que será su responsable
asistencial. Este médico responsable garantizará la información adecuada y le
atenderá durante el proceso asistencial.
Según las normativas deontológicas europeas y
nacionales, el médico que acepta atender a un paciente, se compromete a
garantizar la continuidad de sus cuidados. El paciente, a su vez, tiene el
derecho de elegir libremente al médico para satisfacer el principio fundamental
de la relación médico/enfermo. El médico debe respetar y hacer que se respete
esa libertad de elección.
En relación con el trabajo de un facultativo
médico en instituciones sanitarias, en particular en un hospital, la
deontología insiste en la necesidad de promover la calidad y la excelencia para
que la atención de los pacientes sea la mejor posible. La lealtad hacia estos
obliga a la denuncia de las deficiencias, exigiendo que las instituciones
respeten la legítima libertad clínica del médico y que éste ejerza la necesaria
autoridad en el área de su competencia.
Deseo
hacer constar que el médico responsable debe responder ante la ley de sus
actuaciones. Por tanto, desde el momento en que se realiza una historia
clínica, un diagnóstico y se propone una actuación terapéutica, todas ellas
responsabilidad del facultativo que con su firma y número de colegiado lo hace
constar en una lista de espera quirúrgica, responderá de los perjuicios,
insuficiencias u omisiones se puedan cometer en la puesta en práctica de sus
decisiones e indicaciones clínicas, ya que es el único responsable del proceso
terapéutico.
No olvidemos que la responsabilidad
profesional del médico no solo se basa en la negligencia o la mala práctica,
bastando con que se contravengan determinados derechos de los pacientes para
incurrir en una posible anomalía.
Todo
lo que he expuesto seguro será negado
desde la dirección hospitalaria. Seguro que darán otra versión y dirán que la
no autorización del quirófano viene enmarcada en una distribución idónea de los recursos y que bla, bla, bla….Darán una versión mediatizada
e interesada haciendo ver que lo que denunciamos no es cierto. Pero mentirán
como lo hacen frecuentemente. Tergiversarán la verdad en su favor, pero saben
que mienten. Ocultarán lo que ocurre en nuestro cotidiano entorno de
trabajo…Pero nosotros seguiremos
denunciando públicamente para escarnio de nuestros gobernantes, de nuestros
directivos y gestores de lo público. Para
que se sepa que los empleados públicos sufrimos presiones y acosos en el
desempeño de nuestras labores.
II parte
Porque creo que en actuaciones como las
descritas, provenientes de los estamentos directivos de los hospitales, no solo
existe vulneración de leyes y normas sino que se condiciona una merma de
calidad en la asistencia que repercute en la salud de los pacientes. Y son
fallos debidos a la organización, nunca imputables al facultativo que se
responsabiliza del tratamiento a
efectuar y con un nivel de prioridad para ejecutarlo. Porque estos fallos
técnicos de gestión no deben ser asumidos ni interpretados por el facultativo
responsable del proceso terapéutico ante la ley y la justicia, puesto que no
son achacables a su trabajo.
En mi caso personal no los admito y
defenderé, como profesional libre en un estado de derecho, mi independencia en
el ejercicio de la medicina pública, de
la garantía que tienen los médicos a su derecho a escribir, denunciar y hablar
libre y responsablemente sobre las materias que les conciernen sin que por ello
sufran amenazas, presiones o interferencias por quienes dirigen los equipos,
gestionen los hospitales, administran la salud u ocupan cargos directivos en
sociedades profesionales.
El
médico que actúa, sea individualmente o bien por mediación de las
organizaciones profesionales, tiene el deber de llamar la atención de la
comunidad respecto a las deficiencias en la calidad de los cuidados y a la
independencia profesional de sus actuaciones. Por tanto tiene el deber de
denunciar las carencias del sistema cuando afectan a la correcta atención de
los pacientes, en un empeño permanente a favor de la suficiencia, la calidad y
la dignidad ética del sistema sanitario.
En los últimos tiempos los médicos venimos
asistiendo a un “dirigismo” de nuestro trabajo por parte de estamentos
políticos, directivos, administrativos, de admisiones, de enfermería, de
compras y de otros, que han desvirtuado nuestra profesión de verdaderos
especialistas y conocedores de lo que precisa un paciente para solucionar su
problema de salud. Porque la esencia, el
sentido máximo y prioritario de un hospital es el enfermo y el médico y, sobre
ellos, debe pivotar todo lo demás.
Los únicos técnicos cualificados para esa
labor somos los médicos y, aquí, en este momento, no podemos ejercer nuestros
conocimientos por impedirlo un sistema paralelo administrativo, que en
ocasiones puede ser corrupto, que ha fagocitado nuestro cometido. Y esta
situación da lugar a una ineficacia y a una merma de calidad en nuestras
prestaciones profesionales y contra ella hay que oponerse y luchar.
Como médico reivindico una libertad e
independencia en nuestro trabajo, tener herramientas para desarrollar nuestro
trabajo con eficacia, con calidad de resultados, con productividad. Queremos
trabajar mas y mejor con aplicación de nuestros conocimientos profesionales,
con gestión de nuestro propio trabajo, ser los verdaderos responsables de lo
que hacemos con nuestros pacientes, con los seres humanos que tratamos.
Y recordar que el personal directivo que
desarrolla funciones profesionales en una administración pública debe actuar con
neutralidad, imparcialidad, honradez y transparencia en su gestión Porque las administraciones públicas no son
patrimonio personal de sus directivos o gestores, y pienso que el problema que
se plantea es la confusión que experimentan estos responsables directivos
cuando permanecen largos periodos en sus puestos creyéndose propietarios del
sector público como algo personal y privado. Confunden la situación de la
gestión pública con su propio patrimonio personal.
Como he dicho en alguna otra ocasión, no cambiaré
mi condición de médico contratado en la administración pública, como empleado
público, por mi condición de ciudadano libre, con opiniones e ideas personales
que haré conocer en los medios que me permita, en total libertad, este estado
de derecho en el que vivo y que a algunos tanto le molesta.
Dr. Carlos García.
Médico. Delegado de Intersindical Canaria
